El gobierno de Donald Trump permitirá demandas contra empresas que usan propiedades incautadas a estadounidenses por el régimen de Castro.

Debido al respaldo del gobierno de Cuba a su par de Venezuela, el gobierno de Donald Trump decidió endurecer el embargo contra la isla: permitirá demandas de ciudadanos estadounidenses contra firmas cubanas y otras entidades que están en una lista negra de Washington, pero por ahora mantendrá una veda a las acciones legales contra firmas extranjeras que hagan negocios con la nación caribeña.

Las acciones en cortes estadounidenses contra entidades cubanas se podrán realizar a partir del 19 de marzo, pero el Departamento de Estado mantendrá al menos hasta el 17 de abril una prohibición de demandas contra firmas extranjeras que usen propiedades confiscadas por el régimen de los Castro tras la Revolución cubana en 1959.

Desde 1996, cuando se aprobó la Ley de Libertad (Helms-Burton) que permitiría los procesos judiciales contra las firmas que obtienen ganancias de propiedades nacionalizadas, los presidentes estadounidenses retrasaron cada seis meses la implementación de la norma. En enero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había adelantado un giro al indicar que el 1° de febrero la suspensión sería por apenas 45 días y se realizaría una “revisión cuidadosa” del tema.

El anuncio limita las demandas a, aproximadamente, unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana.